Índice do artigo

 

Yo, Carlos Arias Iglesias, con DNI 33840384R, con domicilio en xxxxx, Santiago de Compostela, correo electrónico xxxxx y teléfono xxxxx,

Manifiesto lo siguiente:

En el año 2008 sufrí las consecuencias de la Ley del IRPF, que, en su artículo 14.2, obliga a tributar los salarios recuperados por vía judicial en el ejercicio en que se hacen efectivos.

Esto supuso para mí un daño económico de alrededor de 13.000€ (sobretributación, sanción por mora y pérdida de desgravaciones), debido al desproporcionado incremento de la base imponible, que supuso la elevación de la cuota resultante, para concluir en una tributación propia de un potentado.

Inmediatamente comencé las acciones no solo para recuperar esa pérdida, que considero arbitraria, sino también para derogar un precepto que considero claramente lesivo contra los principios constitucionales de equidad en la tributación, de solidaridad en el reparto de las cargas, de igualdad y de gratuidad de la justicia, con una gravísima interferencia en la reparación judicial del daño.

El Defensor del Pueblo y el Consejo para la Defensa del Contribuyente se han pronunciado de acuerdo con el criterio defendido por mí.

La Secretaría de Estado de Hacienda argumenta, para mantener el precepto, 'problemas técnicos' (que no especifica) y algo tan sangrante como 'la comodidad' de evitar las declaraciones complementarias y juntar todos los ingresos en una sola anualidad.

Como consecuencia de esto, inicié una campaña en la plataforma de denuncia Change.org (https://www.change.org/p/racionalidad-en-la-legislaci%C3%B3n-tributaria), que actualmete se aproxima a las 22.000 firmas, con el objeto de crear la suficiente presión social como para que los órganos administrativos y legislativos pongan solución a un precepto irracionalmente lesivo para los intereses de quienes lo sufrimos.

En consecuencia,

Solicito:

Que me conceda una entrevista para entregarle en soporte electrónico el documento que recoge estas adhesiones a mi postura, a fin de que lo eleve a la Comisión de Hacienda del Congreso, para corregir esta grave disfunción normativa en materia tributaria.

Santiago de Compostela, 30 de noviembre de 2018